La vicefiscal Especial en Personas Desaparecidas en Jalisco, Blanca Trujillo Cuevas, ha declarado que no se hace responsable de las omisiones relacionadas con el procesamiento del rancho Izaguirre, donde ocurrieron presuntos casos de reclutamiento forzado e inhumaciones clandestinas. En su intervención, Trujillo Cuevas sostuvo que su papel se limita a coordinar y supervisar a los servidores públicos, dejando las decisiones jurídicas en manos de los Ministerios Públicos y las instancias judiciales.
En el contexto del hallazgo de este lugar en septiembre de 2024, durante un enfrentamiento entre personas armadas y la Guardia Nacional, Trujillo Cuevas ocupaba el cargo que antes era conocido como fiscal especial para personas desaparecidas. A pesar de que su título ha cambiado, sus responsabilidades han permanecido prácticamente inalteradas.
La vicefiscal enfatizó que no tiene la capacidad de ordenar el inicio o detención de procesos en casos judiciales, como el del rancho Izaguirre, y aseguró que tales decisiones dependen exclusivamente de los servidores responsables de la investigación, quienes actúan según las normativas legales.
Al ser interrogada sobre su involucramiento en las decisiones relacionadas con el caso Izaguirre, Trujillo Cuevas reiteró que todo poder y decisión en dicho ámbito recaen en el Ministerio Público y que cualquier acción debe seguir el marco legal establecido. Su argumento principal es que, aunque coordina el trabajo administrativo, no puede influir directamente en la toma de decisiones jurídicas que le corresponden a otros funcionarios.