María Teresa de Jesús Ochoa Hernández, miembro del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, ha sido vinculada a proceso tras su arresto el 25 de abril en Dinamita, Gómez Palacio. La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) la acusa de daños por incendio, relacionados con incidentes ocurridos en 2023 en la antigua Hacienda de San Fernando de Tlahualilo. Según la investigación, Ochoa y otras personas habrían retirado y posteriormente quemado materiales que delimitaban un terreno, causando un daño económico estimado en 210 mil pesos.
Ochoa Hernández fue apresada en un operativo que involucró a la Policía Investigadora de Delitos, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Tras su detención, fue llevada al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Durango. Su abogado, Ruén Favela, ha cuestionado tanto la legalidad de la detención como del proceso judicial, señalando la falta de acción de la defensa pública y la improcedencia de la participación de la Guardia Nacional en un caso que no es considerado grave y que debería ser perseguido por querella. Favela también argumenta que la prisión preventiva impuesta es un exceso y que se vulnera el principio de presunción de inocencia.