El reciente caso en Cozumel ha desatado una serie de reacciones debido a la gravedad de los delitos cometidos y la forma en que las autoridades han manejado la situación. Un militar identificado como Jairo N ha sido vinculado a proceso por abuso sexual, privación ilegal de la libertad y lesiones en contra de una niña de nueve años. Los hechos ocurrieron cuando el militar, presuntamente, forzó a la menor a subir a su motocicleta y la llevó a una instalación militar donde se cometió el abuso, posiblemente en presencia de otras niñas.
La respuesta del alcalde de Cozumel, José Luis Chacón Méndez, generó controversia y críticas, especialmente de colectivos feministas, ya que en un principio responsabilizó a los padres de la niña por el ataque, sugiriendo que era su culpa por haber dejado sola a su hija. Esto fue considerado un acto de revictimización, lo que llevó a Chacón a ofrecer disculpas a la familia de la menor.
El caso ha atraído la atención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo, que ha iniciado una investigación sobre posibles violaciones a los derechos de la niña y su familia, incluyendo presiones que supuestamente recibió la madre de la menor por parte de un agente del Ministerio Público para cambiar su versión de los hechos.
La implicación del militar ha generado tensiones en la isla, resultado de lo cual se han producido disturbios, que culminaron con la quema de una garita militar y el saqueo de tiendas cercanas, una manifestación del descontento de la comunidad frente a la forma en que se ha manejado el caso. Jairo N permanece en prisión preventiva mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes.