El análisis del Decreto 247 que reforma el Código Penal de Zacatecas en materia de violencia digital e inteligencia artificial resalta varios puntos clave de crítica.
Primero, la inclusión de la agravante por "producir o incitar al odio o la violencia" es problemática debido a su vaguedad. La norma no define qué se considera "odio", ni establece que la incitación deba ser inminente o probable para ser considerada un delito. Esto puede llevar a interpretaciones amplias que podrían afectar la libertad de expresión, ya que se podrían penalizar opiniones fuertes o críticas hacia el poder.
En segundo lugar, se critican las nuevas disposiciones que agravan las penas para delitos cometidos con el uso de inteligencia artificial o tecnologías similares. Aunque se establece que debe haber una "apariencia de veracidad" en el uso de estas herramientas, la agravante se aplica de manera indiscriminada a todos los delitos, sin considerar la relación entre el uso de la tecnología y el daño causado. Esto podría resultar en penas desproporcionadas.
Por último, se menciona un posible vicio de competencia en la creación de la norma que agrava delitos cometidos por medios de comunicación o plataformas digitales. Si bien los estados tienen la facultad de regular conductas digitales, el alcance y la aplicación de esta norma deben ser considerados con cuidado para evitar abusos.
El análisis concluye que, aunque la intención de proteger la intimidad y combatir la violencia digital es válida, la forma en que se implementan estas reformas puede provocar más problemas que soluciones, al carecer de claridad y proporcionalidad en su redacción.