La nueva Ley de la Guardia Nacional es parte de una serie de reformas impulsadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum y aprobadas recientemente en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Su objetivo principal es adecuar el marco jurídico secundario a la reforma constitucional de septiembre de 2024, que establece a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública permanente, compuesta en su mayoría por personal militar con formación polivalente, bajo la dirección de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
El dictamen recibió un respaldo mayoritario con 22 votos a favor y 7 en contra y establece que la Guardia Nacional colaborará con las autoridades de seguridad pública en los estados y municipios, además de que podrá formalizar convenios de cooperación con estas entidades para implementar acciones de seguridad durante un periodo determinado.
Entre las disposiciones más relevantes de la ley se encuentra la subordinación de las investigaciones de delitos a la autoridad del Ministerio Público Federal, garantizando así el respeto al debido proceso. También se le otorgan facultades a la Guardia Nacional para llevar a cabo tareas de investigación, inteligencia y operaciones encubiertas, siempre con la aprobación judicial, incluyendo la intervención de comunicaciones privadas.
La propuesta incluye la creación de una nueva ley específica para la Guardia Nacional y la modificación de diversas leyes y códigos existentes para asegurar su continuidad y efectividad en el tiempo.