La situación en San Francisco Coatlán resalta un conflicto significativo entre las comunidades locales y las autoridades federales y una empresa de construcción relacionada con la autopista Barranca Larga-Ventanilla. Diez y seis miembros del Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Coatlán, como resultado de su resistencia a la construcción de la autopista y las promesas incumplidas por parte de COCONAL, han sido criminalizados.
Las pesquisas que ha iniciado la Fiscalía General de la República (FGR) son una respuesta a la denuncia presentada por el representante legal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), acusándolos de oponerse a trabajos públicos. Esta acusación coincide con un contexto de tensiones crecientes, que incluye un enfrentamiento violento entre habitantes de San Francisco Coatlán y San Sebastián Coatlán, el cual dejó varias víctimas. Este episodio violento pone de relieve las consecuencias trágicas de la falta de comunicación y de acuerdos no cumplidos en el desarrollo de proyectos de infraestructura.
Los responsables de la comunidad argumentan que no se respetaron los compromisos asumidos por COCONAL y las autoridades, lo que desencadenó la confrontación y ha llevado a la criminalización de quienes defienden sus derechos y su territorio. Esta situación pone de manifiesto los retos que enfrentan muchas comunidades indígenas en México al luchar por sus derechos territoriales y el cumplimiento de acuerdos por parte de empresas y gobiernos.