La reservación de información por parte del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) sobre el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del megapuerto en El Sauzal de Rodríguez ha suscitado preocupaciones entre grupos ambientalistas como el colectivo Ensenada Digna. Este colectivo se opone al proyecto, argumentando que podría representar un riesgo ambiental y social.
La decisión del CICESE de clasificar la información como reservada durante tres años está basada en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), que permite dicha reserva si la divulgación de la información podría dañar intereses del Estado o comprometer la realización de proyectos específicos. En este caso, el CICESE argumentó que tal divulgación podría afectar procesos administrativos o judiciales en curso.
El director del CICESE, David Covarrubias Rosales, y otros miembros del centro, como el doctor Julio Sheinbaum Pardo, han estado involucrados en el desarrollo de esta información clasificada. La respuesta a la solicitud de transparencia incluyó detalles sobre la identificación de la información como reservada, así como la elaboración de una "prueba de daño" para justificar esta decisión ante el Comité de Transparencia del CICESE.
Este tipo de acciones plantean debates importantes sobre la transparencia en la administración pública y la responsabilidad de las instituciones que manejan información que puede impactar tanto en el medio ambiente como en las comunidades locales. La controversia sobre el megapuerto refleja tensiones entre el desarrollo económico y las preocupaciones sobre la sustentabilidad y la protección ambiental.