En la Ciudad de México, colectivos de familiares de desaparecidos y organizaciones civiles han exigido al Estado mexicano cumplir con las 40 recomendaciones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la grave situación de desapariciones en el país. En diferentes pronunciamientos, estas agrupaciones han instado a que el compromiso asumido por los funcionarios del gobierno, como los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, sea efectivo no solo frente a la CIDH, sino también respecto a los requerimientos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y otros organismos internacionales de derechos humanos.
Las organizaciones han puesto de relieve las alarmantes cifras presentadas en el informe de la CIDH, que indican que hay alrededor de 128,000 personas desaparecidas y 70,000 cuerpos no identificados bajo custodia del Estado, además de señalar el alarmante nivel de impunidad, con una judicialización a nivel federal de apenas el 1.52%. En este contexto, IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, ha enfatizado que las palabras y normativas del Estado deben traducirse en acciones concretas que aborden eficazmente esta crisis.
Las organizaciones demandan que el Estado dejen atrás cualquier forma de "negacionismo", que perpetúa la impunidad y obstaculiza el acceso a la verdad y justicia para las víctimas. Además, han resaltado la urgencia de establecer canales de comunicación efectivos entre las familias de las víctimas, los colectivos y las autoridades gubernamentales, para que estas últimas escuchen verdaderamente las inquietudes y necesidades de los afectados en torno a las búsquedas e investigaciones.
El pronunciamiento, respaldado por varias organizaciones y defensores de derechos humanos, subraya que la situación en México constituye una crisis humanitaria de desapariciones, donde la impunidad se presenta como una característica estructural y la responsabilidad del Estado es ineludible.