El caso de Orbey Juárez Juárez y José Julián López Juárez ha generado una fuerte preocupación en el ámbito de los derechos humanos en México. La denuncia realizada por el Grupo de Litigantes para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos (PRODEDH), junto con la Provincia Franciscana San Felipe de Jesús y los familiares de los detenidos, resalta varios aspectos graves, como la presunta fabricación de delitos, la detención arbitraria y la tortura, así como la desaparición forzada de ambos individuos.
Los hechos ocurrieron el 22 de enero de 2026, cuando Orbey Juárez fue interceptado por miembros de un grupo de élite de la Secretaría de Seguridad del Pueblo mientras se dirigía a una labor de electricidad. Su compañero, José Julián López, también fue arrestado en la misma operación. Se alega que las detenciones se realizaron con un uso excesivo de la fuerza y tortura física, lo que representa una violación grave de los derechos humanos.
Los informes indican que, tras su detención, las autoridades mantuvieron a Juárez y López incomunicados por cinco días, dificultando la comunicación de los familiares y configurando una situación de desaparición forzada. La localización de ambos en el penal de San Cristóbal de Las Casas fue tardía y rodeada de confusión, con información contradictoria por parte de las autoridades. Además, la defensa legal argumenta que no existe un fundamento sólido para las acusaciones de homicidio calificado, ya que Juárez no se encontraba en el lugar del crimen durante el tiempo señalado.
Este caso resalta una serie de preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos, el uso de la fuerza por parte de las autoridades y la transparencia en los procedimientos judiciales en México. La exigencia de libertad inmediata e incondicional para Juárez y López refleja la creciente alarma y movilización social en defensa de los derechos fundamentales en el país.