Las declaraciones de los representantes de organismos y cámaras empresariales en Mexicali destacan una preocupante acusación contra la Fiscalía General del Estado de Baja California y el Gobierno del Estado, señalando que se estarían manipulando las estadísticas de delitos de alto impacto para aparentar una disminución en los índices de criminalidad. Durante una rueda de prensa, presentaron evidencia que incluye una minuta de una reunión y capturas de pantalla de conversaciones internas que sugieren una estrategia deliberada para clasificar ciertos delitos de manera que no susciten atención mediática ni formen parte de las estadísticas oficiales de criminalidad.
Octavio Sandoval López, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, explicó que esta manipulación incluye la reclasificación de delitos como robos y fraudes a un nivel que no cuenta como delitos graves, lo que distorsiona la percepción de la seguridad en la región. Por ejemplo, en casos de robos, se solicitaría una factura para demostrar la propiedad del bien robado; si la víctima no puede presentarla, se argumenta que no era el propietario, lo que a su vez impide que se considere un delito registrado.
Además, se hizo mención de cómo ciertos crímenes, especialmente los homicidios y la desaparición forzada de personas, podrían estar siendo subreportados o ignorados, debido a la forma en que se gestionan las investigaciones y estadísticas en la fiscalía. Esta situación refleja una crisis de seguridad en la región, donde los delincuentes, al operar bajo una aparente impunidad, pueden cambiar sus modalidades delictivas para evadir la acción de la justicia.
Estas afirmaciones, de ser comprobadas, evidenciarían una grave falta de transparencia y responsabilidad por parte de las autoridades, lo que podría tener implicaciones serias para la confianza pública y la seguridad en Baja California.