La situación en la Ciudad de México en torno a las plataformas de alojamiento como Airbnb y Booking refleja un conflicto creciente entre el desarrollo de la gentrificación y el derecho a la vivienda. En particular, las alcaldías de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez han visto un aumento notable en la oferta de inmuebles en estas plataformas, lo que ha generado preocupación entre los residentes.
Desde las manifestaciones contra la gentrificación que tuvieron lugar el 4 de julio, se ha intensificado el debate sobre los efectos de estas plataformas en la comunidad. Mientras algunos argumentan que la llegada de turistas puede revitalizar las áreas y aportar recursos económicos, otros apuntan que esto contribuye al encarecimiento de la vivienda y al desplazamiento de los habitantes originales de las colonias afectadas.
A pesar de que existen regulaciones que buscan regular la oferta de estos alojamientos, la implementación ha sido incierta. Por ejemplo, en abril de 2024 se publicó una reforma a la Ley de Turismo que requeriría que los anfitriones de estas plataformas se registraran en un padrón aún no creado. Además, en octubre de 2024, se aprobó una iniciativa que estableció límites en la cantidad de noches que una propiedad puede ser alquilada y prohibió que las viviendas de interés social se registren en estas plataformas. Sin embargo, la aplicación efectiva de estas normativas ha sido obstaculizada por juicios en curso, donde Airbnb y algunos anfitriones han presentado amparos contra las nuevas regulaciones.
Este contexto revela una tensión entre el desarrollo urbano, el turismo y el derecho a la vivienda, así como la necesidad de una regulación adecuada que proteja tanto a los residentes como a los intereses económicos de las áreas más afectadas por la gentrificación.