La situación en Puebla, donde la empresa filipina Malvinas Water busca adquirir una participación mayoritaria en Agua de Puebla, ha suscitado reacciones de activistas y expertos en el área hídrica. Durante la conmemoración de los 12 años de la Asamblea Social del Agua (ASA), se propuso que el gobierno del estado, encabezado por Alejandro Armenta, debería considerar la compra del 74.85% de las acciones de la concesionaria, en lugar de permitir una privatización más profunda del servicio de agua.
Francisco Castillo Montemayor, un ambientalista y exsecretario de Medio Ambiente, argumentó que esta adquisición sería más económica, costando alrededor de 5 mil millones de pesos, en comparación con los 10 mil millones que implicaría cancelar la concesión actual. Castillo Montemayor enfatizó que esta inversión en la desprivatización del agua podría ser más significativa para la población que otras obras públicas que el gobierno pudiera considerar.
Por su parte, Malvinas Water anunció su intención de adquirir un 56.14% de las acciones de Agua de Puebla, que actualmente pertenecen a una empresa local, además de un 18.71% que tiene Grupo Agua de México. La firma filipina busca expandir sus operaciones en América Latina y considera que esta transacción les permitirá aportar su experiencia en la gestión del agua.
Este debate pone de manifiesto las tensiones que existen en torno a la privatización de servicios esenciales y la importancia de considerar el control estatal como una opción viable para asegurar el acceso al agua potable y otros servicios relacionados.