El incidente ocurrido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tijuana ha suscitado gran controversia, no solo por el uso de un teléfono celular en un lugar donde supuestamente se deben inhabilitar las comunicaciones, sino también por la forma en que las internas se expresaron sobre su situación. En la transmisión en vivo, las mujeres bromean y muestran su entorno, revelando detalles de su vida diaria en el penal, así como la calidad de la comida que reciben.
El contenido de la transmisión ha ido más allá de meras interacciones en línea; ha planteado serias preguntas sobre la seguridad y el control que tienen las autoridades en el Cereso. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue cuestionada al respecto, lo que indica la preocupación pública sobre el manejo de los centros penitenciarios en la región.
Tras la difusión del video, se reporta que las tres internas habrían sido sometidas a represalias, incluyendo golpizas y la separación en diferentes áreas del penal, además de la negación del acceso a sus abogados. Este tipo de represalias pone de relieve las preocupaciones sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad y el manejo interno de los centros penitenciarios en México. La situación es un claro llamado a la revisión de las políticas y prácticas en las instituciones correccionales, así como a la necesidad de garantizar el respeto de los derechos humanos dentro de estos centros.