La situación en México sigue siendo compleja y preocupante, especialmente en materia de seguridad y corrupción. Recientemente, la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el gabinete de seguridad no proporcionará informes hasta el 11 de noviembre, lo que ha generado inquietudes respecto a la transparencia y el seguimiento de casos importantes, como el "huachicol fiscal", que se refiere al contrabando de combustibles.
Este contexto se agrava con casos de violencia, como el asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero que había denunciado extorsiones, y el proceso judicial contra Hernán Bermúdez Requena, secretario de seguridad vinculado a Adán Augusto López, reconocido por su papel en la política actual.
La fiscalía ha sido cuestionada por no haber revelado información sobre el inicio de las investigaciones del "huachicol fiscal", un delito que ha sido descrito como devastador para la economía del país, con un daño estimado de 600 mil millones de pesos. Además, se menciona que altos mandos de las Fuerzas Armadas y de otras instituciones están implicados en esta red de corrupción y complicidad.
Los problemas de extorsión afectan a comunidades vulnerables, como los pescadores en Baja California Sur, donde se reportan homicidios de aquellos que se niegan a ceder ante estas presiones criminales. Este entorno plantea serias preocupaciones sobre la eficacia del gobierno en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción a varios niveles.