El exelemento de la Marina, Alejandro Sánchez Pérez, falleció tras ser sometido a torturas durante su tiempo en diversas prisiones en México. Se encontraba en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 18, ubicado en el ejido Mesillas, en Ramos Arizpe, cumpliendo una condena por delitos relacionados con la delincuencia organizada. Su estado de salud se deterioró rápidamente, perdiendo casi 10 kilos en pocos días, lo que llevó a su internamiento en el Hospital General de Saltillo.
La defensora de derechos humanos, Jackeline Campbell Dávila, y el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, intentaron visitarlo en el hospital para ofrecerle apoyo espiritual, pero se les negó el acceso. Vera López denunció esta negativa, mencionando que es un derecho fundamental de las personas privadas de libertad, conforme al artículo 24 de la Constitución Mexicana, mantener su libertad religiosa y de culto. A pesar de esta negativa, con la ayuda de otros miembros de la pastoral penitenciaria, lograron establecer contacto con él, quien aún tenía capacidad de comunicarse y proporcionó el número de teléfono de su padre, quien viajó desde el Puerto de Lázaro Cárdenas para verlo.
Las circunstancias que rodearon su encarcelamiento y su condición de salud son preocupantes, ya que, según Campbell Dávila, no se ha tenido acceso a su expediente médico ni al expediente del caso, aunque se asegura que él siempre mantuvo su inocencia en relación a los cargos de asesinato por los que fue procesado. La situación pone de relieve serias preocupaciones sobre las condiciones de los derechos humanos dentro de los centros penitenciarios en México.