Carpintero y trabajadora doméstica vendieron equipo de espionaje a EPN

Con autorización de Gerardo Reyes, director de Univisión Investiga, Sin Embargo reproduce el siguiente texto, elaborado por los periodistas Peniley Ramírez y Pablo Ferri, de El País. En el reportaje, exhiben la compra de un equipo de interceptación de comunicaciones que realizó la Policía Federal PF durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto a dos empresas, a las que pagó 40 millones de pesos. Pero los supuestos dueños son una empleada del hogar y un carpintero que desconocen la adquisición.

Por Peniley Ramírez y Pablo Ferri

Ciudad de México, 1 de junio Univisión Investiga.– Alberta Manzano, de 65 años, es una empleada doméstica jubilada que vive en un barrio pobre de Naucalpan, en el Estado de México. Lo máximo que ella sabe de comunicaciones es marcar su modesto celular para hablar con sus hijos. Sin embargo, en el registro Público de Comercio del Gobierno mexicano, su nombre aparece como dueña de una empresa que le vendió sofisticados equipos de intervención de comunicaciones a la Policía Federal por 15 millones de dólares.

“¡Jesucristo, yo no sé nada de eso! Yo no tengo empresa, ni mis zapatos he comprado”, dijo, en la puerta de su casa.

A tres millas de allí, en otro barrio de Naucalpan, vive José García Brito, un carpintero retirado de 74 años. Según el registro público, García fundó otra empresa, que vendió equipos a la Policía Federal por 25.5 millones de dólares, también en 2018. García dijo que “en ningún momento” creó una empresa y apenas tiene dinero para sobrevivir.

Manzano y García son eslabones de un oscuro proceso de contratación a precios inflados de equipos y sistemas informáticos de monitoreo de redes sociales e intervención de comunicaciones para la Policía, de acuerdo con una investigación conjunta de Univision Investiga y El País de España. Algunos de los equipos nunca se pusieron en funcionamiento y otros no funcionaron.

Una auditoría federal de los contratos realizada en 2019 no refleja ningún esfuerzo por identificar ni contactar a quienes figuran como los supuestos dueños de las sociedades beneficiadas, lo que hubiera permitido establecer que se trataba de personas mayores de bajos recursos que viven en barrios marginales y dependen de subsidios del Gobierno. Ambos “socios fundadores” dijeron a El País y Univision Investiga que ninguna autoridad los ha buscado y nadie los visitó durante el proceso de la auditoría.

La auditoría respondió para esta historia que realizaron la revisión a los contratos “con todo el rigor técnico, cumpliendo y agotando los procedimientos correspondientes … el informe de auditoría es detallado y señala con toda precisión la trazabilidad de los recursos”. Añadieron que cuentan con soporte en documentos de la participación irregular de las dos empresas y del curso que siguieron los pagos del gobierno “que no sólo llegaron a dichas empresas, sino se transfirieron a otras que se tienen perfectamente identificadas”.

Los nombres de las empresas que contrataron con la Policía son Esrome y Dizoal. El equipo periodístico encontró que se fundaron el mismo día de abril de 2017 en la oficina del mismo notario, en el municipio de Chalco, al otro extremo de la zona metropolitana de Ciudad de México. Las empresas no parecen tener una operación real. Tanto Manzano como García afirman que no se conocen, nunca han estado en Chalco y creen que sus documentos fueron utilizados en un fraude.

Servicios Esrome es la empresa en la que Manzano aparece como accionista. Ella dice que no tiene nada que ver y jamás ha escuchado hablar de esa compañía. Lo mismo sucede con Comercializadora Dizoal, en la que el carpintero García figura como socio fundador y administrador único.

Esrome y Dizoal tienen direcciones de oficina a media cuadra de distancia, en el barrio de Polanco, uno de los más caros de América Latina. El despacho de Dizoal es un departamento en un quinto piso de oficinas, donde nadie ha ido en meses, según el guardia del edificio. Sólo hay un cartelón pegado en la puerta con el anuncio de que no están trabajando allí debido a las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19. El cartel incluye un número telefónico, al que contestó una mujer diciendo que no conoce esa compañía.

Al preguntar por los oficinistas, el guardia del edificio dijo que “tal vez están en su otra oficina, aquí a la vuelta”. La “otra oficina” que señaló el vigilante a los reporteros de Univision Investiga y El País es la sede de Esrome, que también estaba cerrada.

Además de tener despachos vecinos, Dizoal y Esrome tienen ahora los mismos accionistas. En noviembre de 2019, un año después de la firma de los contratos con la Policía, Laura Valdez compró la mayoría de las acciones de Esrome y Dizoal, según el Registro de Comercio. El carpintero y la empleada doméstica dijeron que tampoco tienen idea de este trámite y nunca vendieron sus acciones, porque nunca las tuvieron.

Valdez tampoco tiene un perfil empresarial. El registro público muestra que cuando las adquirió, trabajaba como empleada de Gobierno, en rango de oficinista, en el sistema de aguas de Ecatepec, otro municipio del Estado de México. En esa oficina pública dijeron que no la conocen.

Su participación como nueva accionista de Esrome y Dizoal fue aprobada en dos asambleas en las que tuvo como delegada a Silvia Lugo. La dirección registrada de Lugo es una oficina de contaduría, en Nezahualcóyotl, otro municipio mexiquense. Allí dijeron que no saben quiénes son ni la supuesta accionista, ni su delegada.

CONTRATOS IRREGULARES

Los contratos con la Policía se firmaron durante los últimos seis meses de la Presidencia de Enrique Peña Nieto. El dinero salió de la partida presupuestaria de Seguridad Pública y Nacional, un rubro para acciones que implican riesgo, urgencia o confidencialidad. En 2018, el presupuesto de la Policía Federal en esta partida fue de unos 170 millones de dólares. Uno de cada cuatro terminó en Dizoal y Esrome, las empresas que supuestamente fundaron el carpintero y la empleada de limpieza.

En 2019, la Auditoría Superior mexicana señaló irregularidades en los contratos de Dizoal y Esrome, adjudicados para proveer equipos y sistemas informáticos de monitoreo de redes sociales e intervención de comunicaciones para la Policía. Según la Auditoría, las empresas dijeron que sus proveedores eran Gita Technologies, Septier Communications y Cybergloves, compañías israelíes; pero posiblemente estas firmas no tengan ningún conocimiento de que fueron involucradas en la transacción, pues los auditores descubrieron que ninguna de las dos empresas mexicanas transfirió dinero en pago por los equipos a los proveedores fuera del país. Las empresas israelíes no respondieron llamadas del equipo periodístico.

La auditoría dijo para esta historia otros detalles que no estaban publicados en su informe. Revelaron que Esrome y Dizoal no pagaron impuestos. “Al respecto, se solicitó al SAT el fisco mexicano a través de la Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal que constataran el cumplimiento se sus obligaciones fiscales”.

Los auditores encontraron que había “un probable daño o perjurio a la Hacienda Pública por 499 millones de pesos” . Comprobaron que “no se identificó transferencia alguna de recursos que Comercializadora Dizoal debió haber realizado a la empresa extranjera que presuntamente desarrolló dicho sistema, según lo declarado en el contrato celebrado con la Policía Federal”.

A solicitud de Univision Investiga y El País la organización C4ADS, con sede en Washington DC, revisó los registros de comercio internacional de México. C4DS se dedica al análisis e investigación de conflictos globales y temas de seguridad transnacional. La organización dice que en los registros aduaneros no figuran envíos de proveedores israelíes a Dizoal o Esrome desde su creación.

“Una revisión de registros de comercio de tres grandes bases de datos aduaneros no mostró que Comercializadora Dizoal o Servicios Esrome recibieran importaciones en México en 2018 ni en ningún momento posterior”, dijo Henry Peryonnin, investigador de C4ADS.

La Auditoría no cita nombres de personas cuando se refiere a las decisiones tomadas por Dizoal o Esrome. Se limita a atribuir las acciones a las empresas como tal.

No es la única falla del estudio, según expertos.

“La auditoría no siguió la ruta del dinero y la trazabilidad de los proveedores. Generar auditorías de este tamaño y esta naturaleza requiere saber quién decide el gasto y por qué, quiénes son los proveedores. Ellos tendrían que haberlo hecho”, dijo Muna Dora Buchahin, especialista en fraude y lavado de dinero. Buchahin trabajó durante 13 años en la Auditoría y dirigió el área de daño patrimonial, que realiza auditorías por malversación de fondos públicos.

Aunque la Auditoría afirmó para esta historia que tuvieron un alto rigor técnico, en el informe no se observa que hayan reparado en que Dizoal y Esrome fueron creadas el mismo día, ante el mismo notario y que sus accionistas en el papel son ancianos sin estudios, que siempre han tenido empleos precarios, cuyas casas están a medio construir y que viven de ayudas sociales.

Según la auditoría, las divisiones Científica, de Inteligencia y de Investigación solicitaron los servicios, que derivaron en los contratos con Esrome y Dizoal. En marzo de 2020, Patricia Trujillo pidió una licencia laboral como jefa de la División Científica de la Guardia Nacional. La licencia de Trujillo fue derivada de las investigaciones de este caso, según informó la institución mexicana. Trujillo declinó una invitación para una entrevista.

Los encargados de las divisiones de Investigación e Inteligencia no pudieron ser localizados para este artículo. El comisionado general de la Policía cuando se adjudicaron los contratos, Manelich Castilla, dijo que las responsabilidades de su puesto como superior de los tres jefes de las divisiones que solicitaron los servicios consistían en aspectos tácticos y operativos. Un vocero de la institución actualmente dijo que revisaría el estatus del caso y cuáles investigaciones internas se han hecho, pero finalmente no aportó más información.

POBRES EMPRESARIOS

El 21 de junio de 2018 Comercializadora Dizoal, la empresa que figura a nombre del carpintero García, firmó el contrato por 25 millones de dólares con la División Científica de la Policía Federal. Abarcó un servicio de monitoreo, principalmente de Facebook, Twitter, Youtube e Instagram, más un sistema de localización de celulares.

Él asegura que “trabajaba haciendo muebles para hotelería, es todo lo que he hecho”. La única vez en su vida que estuvo en la oficina de un notario público fue en 2003, añadió, cuando hizo su testamento para dejar a sus hijos la propiedad de su casa, que construyó durante años. La situación económica de García es tan precaria, contaron él y su esposa, que hace un par de meses debió tratarse con un médico del barrio una infección pulmonar, aún con el riesgo de que fuese covid-19, porque ni siquiera tenía algún seguro para ir al médico.

La Policía engrosó un expediente en el que decía que la empresa en la que García figuraba como accionista vendió los equipos, el software para operarlos y capacitó a 20 agentes para su uso. Los auditores encontraron que los sistemas no estaban en uso, los oficiales no fueron capacitados y el equipo no costaba más de un millón de dólares, pero la Policía pagó 25 millones.

Algo similar ocurrió con los dos contratos de Servicios Esrome, la empresa donde Manzano, la mujer que trabaja como empleada doméstica, estaba registrada como socia. En septiembre de 2018, Esrome firmó dos contratos con la Policía Federal, por 15 millones de dólares para la adquisición de tres equipos y tres sistemas de intervención de comunicaciones destinados a proyectos de seguridad nacional. La Auditoría descubrió que uno de los equipos estaba inservible y los dos restantes “carecían de los componentes necesarios para operar”.

DOS EMPRESAS, UN NOTARIO

Para crear una compañía en México, los dueños deben acudir con los originales de sus documentos al notario y firmar el registro. Si Manzano y García no fueron, como ellos afirman, ¿cómo pudieron registrarse las empresas?

Un mes después de creadas, supuestamente José García y Alberta Manzano firmaron sendos poderes para que Dizoal y Esrome fueran administradas por seis mujeres, que tampoco tienen antecedentes como empresarias en el Registro Público de Comercio. García y Manzano dicen que jamás firmaron autorización alguna de nada relativo a una empresa, menos un poder notarial. Univision y EL PAÍS enviaron mensajes a las mujeres, en sus cuentas de Facebook, pero no se obtuvo respuesta.

La exauditora Buchahin dijo que, aunque no es legal, resulta bastante común que algunos notarios registren empresas sin verificar que los documentos sean auténticos, sólo con fotocopias y firmas falsas.

El notario que registró a Dizoal y Esrome fue Salvador Ximénez, hijo de un exsenador del PRI en el Estado de México. En los últimos meses de su periodo como gobernador en el Estado de México, Peña Nieto nombró a Ximénez como notario titular del despacho donde se registraron las empresas. En México es una práctica común que los notarios sean nombrados por los gobernadores. En la práctica, dijo Buchahin, el nombramiento de los notarios se utiliza frecuentemente como el pago de cuotas políticas.

En 2017, la alcaldesa de una localidad en Ciudad de México, Xóchitl Gálvez, denunció penalmente al notario Ximénez por haber certificado las escrituras de un edificio con documentos apócrifos. “Había un edificio que tenía permitido 14 departamentos en tres niveles. Pero una vez construido tenía cinco niveles y 33 departamentos”, explica Gálvez, hoy senadora por el partido opositor Acción Nacional.

“Este notario de Chalco aprobó el régimen de condominio, que es lo que permite luego al dueño vender los departamentos”. Gálvez explica que la primera vez pudo ser un error, pero luego comprobó que Ximénez había validado documentos falsos en otro edificio. Gálvez interpuso una segunda denuncia penal contra el notario y solicitó su expulsión al Colegio de Notarios del Estado de México. Poco después le fue revocado su permiso de notario.

En el Colegio de Notarios dijeron para este artículo que el permiso de Ximénez sigue revocado. Su oficina se encuentra cerrada y sus teléfonos de contacto están desactivados.

En los meses después de que el permiso de Ximénez fue revocado, los documentos de ambas empresas se trasladaron con otro notario, del estado de Tlaxcala, llamado Leonardo Molina. Una investigación del portal Datamos halló que este otro notario avaló la creación de 15 empresas de fachada que se usaron para malversar fondos públicos en Puebla entre 2015 y 2018.

En la oficina de Molina la auxiliar administrativa, quien no aceptó dar su nombre, dijo que no podían dar ninguna información sobre las empresas, porque deben cuidar los datos personales de sus usuarios. Al contarle los antecedentes de Esrome y Dizoal, y el alegato de sus supuestos dueños de que se trataba probablemente de un fraude, respondió que no estaban enterados de nada de eso y no podían comentar al respecto.

Tanto Manzano como García aseguran que sólo han entregado copia de sus documentos para registrarse como beneficiarios de ayudas sociales, en temporada electoral. García dijo que entregó una copia de su acta de nacimiento, su identificación, su comprobante de domicilio y su número de registro de población a la operadora política de su vecindario.

Manzano pasa sus días de pandemia cuidando a sus nietos para que su hija pueda vender fruta en la avenida principal del barrio y con ello consigan algo de dinero para comer. En el otro asentamiento de Naucalpan, García cuida las plantas de su jardín, sembradas en cubetas de plástico. Tose frecuentemente. Su neumonía, dice, aún no lo ha dejado en paz.



Con información de: sinembargo y Pablo Ferri, periodista de El País, contribuyó con esta investigación.