La situación en Uruapan, Michoacán, ha cobrado gran relevancia tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, quien había solicitado repetidamente la intervención de fuerzas federales para enfrentar la creciente violencia y el control que los cárteles ejercen en la región. Sin embargo, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido constante en rechazar cualquier enfoque que implique una "mano dura", afirmando que este tipo de políticas de seguridad son herencia de las administraciones pasadas como la de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Sheinbaum ha enfatizado que las soluciones deben centrarse en el respeto al estado de derecho y en el uso de herramientas legales adecuadas frente a la delincuencia, como el sistema penal acusatorio. En sus declaraciones, ha subrayado la importancia de abordar el problema de la violencia sin recurrir a estrategias bélicas que, según ella, solo han agudizado la crisis de seguridad en el país.
Esta postura se encuentra en un contexto más amplio de debate sobre la violencia y la política de seguridad en México, donde las diferentes administraciones han tenido visiones y enfoques diversos para lidiar con el narcotráfico y la criminalidad organizada. La insistencia de Manzo en un enfoque más agresivo se contrasta con la filosofía de Sheinbaum, quien busca evitar la repetición de las estrategias pasadas que han costado vidas y exacerbado los problemas en lugar de solucionarlos.