Policías de Investigación denuncian red de protección al narcomenudeo en la Fiscalía de la CDMX
La situación descrita en el oficio enviado por los agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México plantea serias preocupaciones sobre la corrupción dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Las acusaciones de una red de protección al narcomenudeo, encabezada supuestamente por altos mandos de la fiscalía, como el comandante Jesús de la Paz Díaz y el jefe general Alfonso Mendoza Ramírez, son alarmantes y destacan temas de integridad y confianza en las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Los oficiales mencionan prácticas como cateos manipulados, donde se excluyen ciertos puntos de venta del narcomenudeo, lo que refleja una posible falta de legalidad y transparencia en las acciones de la PDI. Además, el resaltar problemas como el déficit de personal y las cargas laborales extremas sugiere un ambiente de trabajo que podría estar afectando la eficacia y el compromiso de los agentes.
También se menciona un posible encubrimiento de información relevante por parte de Mendoza Ramírez hacia la fiscal general, Bertha Alcalde Luján, impidiendo que se tomen acciones contra prácticas corruptas. Este tipo de denuncia, if confirmada, podría tener implicaciones significativas en la lucha contra el narcomenudeo en la Ciudad de México, ya que indica un posible colapso interno en la estrategia de seguridad pública.
La coordinadora general de Comunicación Ciudadana, Ana María Lomelí, indicó que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, podría no haber recibido el documento debido a trámites burocráticos. Esto podría representar un obstáculo para que se tomen decisiones informadas y oportunas para abordar las preocupaciones planteadas por los agentes.
El evidente aumento del narcomenudeo en la capital, enlazado a la protección de ciertos puntos de venta, exige una revisión exhaustiva y transparente de las prácticas dentro de la FGJCDMX. La comunidad necesita respuestas claras y acciones concretas que garanticen que las fuerzas del orden actúan en interés de la seguridad pública y contra el crimen.
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