Un grupo de 120 agentes de las fuerzas estatales de Baja California ha sido asignado para brindar seguridad a empresarios, políticos y personas que requieren protección por mandato judicial, según lo informó el general Laureano Carrillo Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCBC). Esta información fue revelada durante la conferencia matinal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en Mexicali.
Carrillo Rodríguez especificó que de los 120 agentes, 38 están asignados a la protección de funcionarios públicos. Los 120 agentes se distribuyen en tres categorías: seguridad privada, seguridad a funcionarios electos y seguridad a personas bajo medidas cautelares judiciales. Respecto a la seguridad privada, mencionó que los empresarios que reciben este servicio, que es pagado, perderán la protección a partir del próximo viernes, como resultado de una reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, que obliga al reacomodo de recursos.
Para el 1 de agosto, esos agentes serán movidos a operatividad general. En cuanto a la protección a funcionarios públicos, el secretario indicó que se está evaluando la necesidad de seguridad según sus funciones y la cantidad de agentes requeridos para cada caso.