La reciente ratificación de 10 cónsules y 2 embajadores por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha generado un intenso debate, especialmente en torno a la designación de Juan Antonio Ferrer Aguilar como Representante Permanente de México ante la UNESCO en París. Esta decisión ha sido fuertemente criticada por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), quienes han cuestionado su gestión en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) durante la crisis de COVID-19.
El vicecoordinador del PAN en el Senado, Enrique Vargas, ha planteado serias acusaciones contra Ferrer, al recordar las más de 800,000 muertes en el país por la pandemia y enfatizar el impacto en los más de 200,000 niños que quedaron huérfanos. Vargas exigió que antes de asumir su nuevo cargo en París, Ferrer debe rendir cuentas y devolver los 15,000 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación tiene observados por irregularidades en su gestión.
Por su parte, la senadora Lilly Téllez criticó la decisión del gobierno de enviar a Ferrer a París en lugar de enfrentar consecuencias legales por su administración al frente del Insabi. Téllez lo calificó como uno de los hombres más corruptos, señalando que su gestión dejó a muchos mexicanos sin acceso a medicamentos y servicios de salud, además de alegar sobreprecios escandalosos en insumos médicos durante la pandemia.
Este contexto revela un profundo desacuerdo en el Congreso respecto a la responsabilidad y la ética en el servicio público, y las tensiones políticas continúan a medida que se evalúan las acciones del gobierno y sus funcionarios en tiempos de crisis.