El 7 de marzo, un juez federal confirmó la prisión preventiva para Karina “N”, funcionaria del municipio de Monterrey, y otras dos personas, Débora “N” y Gustavo “N”, quienes están acusados de extorsión y falsedad en declaraciones. Este caso surge de una denuncia presentada por el senador Waldo Fernández.
En declaraciones posteriores a la audiencia, Fernández expresó que su nombre está limpio y que confía en que se podrá demostrar lo sucedido. Como parte del proceso, las tres personas acusadas han solicitado un acuerdo reparatorio, y el juez ha fijado para el 26 de marzo una audiencia destinada a decidir sobre la reparación del daño, un enfoque alternativo a un juicio convencional.
Fernández aclaró que las acusadas deben disculparse por intentar dañar su reputación. Aunque no se trata de un asunto puramente monetario, si se determina la necesidad de un pago, el senador planea destinar esos recursos a organizaciones civiles que aborden la violencia contra la mujer. Fernández enfatizó que, si se llega a un acuerdo financiero, preferiría que el dinero fuera donado a una fundación que apoye a mujeres víctimas de violencia.