El 7 de enero, las autoridades de la Ciudad de México llevaron a cabo un operativo en el Refugio Franciscano para la Protección de Animales A.C., ubicado en Cuajimalpa. Esta acción fue resultado de una orden judicial motivada por denuncias de maltrato y crueldad animal, así como por peritajes que confirmaron condiciones deplorables de los animales resguardados. Aproximadamente 200 miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, junto con la Fiscalía y la Procuraduría Ambiental, participaron en la operación.
Según reportes, alrededor de 798 de los 936 animales en el refugio mostraban signos de maltrato, incluyendo alimentación inadecuada y condiciones de salud precarias. Un dictamen veterinario había señalado problemas graves como desnutrición, enfermedades infecciosas y una fosa para cuerpos de animales fallecidos sin sanidad. Durante el operativo, activistas intentaron bloquear el acceso y hubo enfrentamientos entre ellos y las autoridades. El gobierno de la ciudad asumió el cuidado temporal de los animales, trasladándolos a un albergue y clínicas veterinarias, mientras algunos ya habían fallecido en el proceso.