La reciente aprobación de la reforma en materia de Desaparición Forzada de Personas y otras leyes relacionadas en el Senado de México ha generado opiniones diversas. La iniciativa busca establecer un marco integral que mejore la búsqueda de personas desaparecidas mediante el uso de tecnología, mayor coordinación entre fiscalías y el acceso a bases de datos. Entre sus elementos claves se encuentra la creación de la Plataforma Única de Identidad (PUI), que facilitará la gestión de las Claves Únicas de Registro de Población (CURP) y que incluirá información biométrica como huellas dactilares y fotografías.
Sin embargo, la senadora del PRI, Claudia Anaya, criticó la reforma, argumentando que no aborda los principios fundamentales de justicia transicional, que son esenciales para atender las violaciones a los derechos humanos, tales como el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y garantías de no repetición. Su crítica sugiere que, a pesar de las buenas intenciones detrás de la reforma, su implementación podría no traducirse en una solución efectiva para las víctimas y sus familias.
La iniciativa ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde se espera que sea discutida antes de que concluya el periodo extraordinario. La naturaleza y la efectividad de esta reforma seguirán siendo objeto de debate a medida que se avance en el proceso legislativo y se presenten sus implicaciones prácticas en la búsqueda de personas desaparecidas en el país.