El reciente proceso electoral para la renovación de cargos en el Poder Judicial de la Federación en México ha suscitado diversas reacciones, especialmente debido a la baja tasa de participación que se reportó, entre un 12.57% y un 13.32%. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la Ciudad de México, en un video difundido tras la revelación de estos resultados, describió el evento como un “todo un éxito”. Ella enfatizó que la participación de "cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos" en un "proceso transparente" coloca a México como “el país más democrático del mundo”.
Pese a su afirmación, es evidente que la tasa de participación queda muy por debajo de las expectativas de Morena y del gobierno federal, quienes impulsaron estas elecciones como parte de una reforma judicial propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum defendió la elección argumentando que se trató de una alternativa ennoblecedora en comparación con prácticas pasadas, ofreciendo al pueblo la oportunidad de decidir, en vez de modificar la Constitución para designar a ministros afines al gobierno.
El bajo nivel de participación se convierte en un indicador significativo, ya que sugiere la capacidad de convocatoria del oficialismo y el músculo político de Morena. Las elecciones se llevaron a cabo sin la inyección de recursos públicos a partidos ni la movilización de militancias, lo que complicó aún más la tarea de incentivar a la población a participar. Aunque el partido no logró su meta del 20% de participación electoral, se asegura que los pocos votantes permitirán que sus candidatos ocupen los 881 cargos renovados, incluidas las 9 ministraturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desde esta perspectiva, la baja participación podría ser vista como una derrota política, pero al mismo tiempo, le otorga al gobierno federal un control más robusto sobre el sistema judicial, lo cual es de gran importancia para su agenda. Sheinbaum ya anticipó que con el nuevo Poder Judicial se buscará materializar ideales de justicia y legalidad, promoviendo la idea de que “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Esta declaración resuena con los principios del liberalismo que buscan una separación y control del poder, aunque también refuerza las preocupaciones sobre la concentración de poder en el actual gobierno.