El relato del horror y la impunidad en torno a la masacre de San Fernando es un recordatorio brutal de las dificultades que enfrentan los migrantes en su búsqueda de un futuro mejor, así como de la ineficiencia del sistema forense y de las autoridades en México. La falta de un letrero que identifique la fosa común en el Panteón Civil de Dolores refleja la deshumanización que han sufrido sus ocupantes y el olvido al que han sido condenadas sus historias.
La masacre, desencadenada en la noche del 21 de agosto de 2010, dejó una profunda herida en la comunidad migrante y en la sociedad mexicana. Los relatos desgarradores de aquellos que fueron secuestrados, así como el testimonio valiente de Freddy Lala Pomavilla, ponen de manifiesto la violencia extrema a la que se enfrentan los migrantes, así como el riesgo que conllevan sus travesías en busca de una vida mejor.
El lamentable estado en que fueron tratados los cuerpos de las víctimas —abandonados, expuestos al clima, sin un manejo adecuado— es un símbolo de la negligencia estatal. No solo se perdió la dignidad de esos hombres y mujeres al momento de su muerte, sino que el proceso de identificación de sus cuerpos se convirtió en un laberinto burocrático que ha impedido que muchas familias puedan cerrar el ciclo del duelo.
A través de la labor de organizaciones como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, se ha logrado restituir a algunas de las víctimas a sus familias en diversos países de América Latina, pero el hecho de que aún queden cuerpos sin identificar subraya la urgencia de un sistema forense más responsable y humano.
La historia de la masacre de San Fernando no es solo un recordatorio de las violencias sufridas por los migrantes; es también un llamado a la acción para que se respeten los derechos humanos y se busque justicia para aquellos que han desaparecido y para sus familias que continúan en la espera.