La impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Quintana Roo ha suscitado preocupación por la legitimidad de la elección de los miembros del Poder Judicial en el estado. El caso se centra en la figura de Heyden Cebada Rivas, actual presidente del Poder Judicial local, quien, a pesar de no haber participado en la reciente elección judicial, continúa en su cargo gracias a una reforma legislativa que modifica las condiciones de su elección.
La acción de inconstitucionalidad ha sido promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y se suma a otra impugnación presentada por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Ambas demandas argumentan que los artículos 27 y 153 de la ley orgánica vulneran la Constitución, que establece que todos los jueces y magistrados deben ser electos a través de comicios populares y no por otros órganos como el poder legislativo o el ejecutivo.
El contexto político también es relevante, ya que Cebada Rivas tiene vínculos cercanos con la gobernadora Mara Lezama, lo cual plantea interrogantes sobre la influencia política en su nombramiento. Desde su elección como magistrado en 2021 sin una trayectoria judicial adecuada, su ascenso a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia ha generado controversia, especialmente al prolongar su mandato hasta 2029 tras la reciente reforma.
La impugnación por parte de la CNDH y la Consejería Jurídica subraya la necesidad de garantizar la transparencia y legitimidad en el proceso de selección de los judiciales en Quintana Roo, asegurando que tales posiciones sean decididas por votación popular, como establece la Constitución. La SCJN ahora deberá revisar las demandas y determinar si las reformas legales que han beneficiado a Cebada Rivas son constitucionales.