El artículo describe el avance de dos amparos presentados por Beatriz Pérez Fragozo, una regidora del municipio de San Andrés Cholula, en contra de la reforma al Código Penal de Puebla, conocida como la "Ley Censura". Esta reforma ha suscitado controversia debido a su potencial para ser utilizada como un mecanismo de represión contra la libertad de expresión, ya que tipifica delitos relacionados con el ciberacoso, la usurpación de identidad y el espionaje digital.
Los amparos fueron admitidos por el juez federal Cuauhtémoc Escobar González y por la secretaria en funciones de juez Nahieli Avendaño Palacios. La audiencia constitucional para determinar la concesión del amparo se llevará a cabo en fechas específicas: el 22 de julio para el juez Escobar y el 14 de agosto para la jueza Avendaño. Pérez Fragozo, además, solicitó una suspensión provisional para evitar que la reforma entre en vigor, pero esta solicitud fue rechazada por el juzgado correspondiente, que programó una audiencia incidental para definir la medida de manera definitiva.
La reforma ha sido criticada por muchos como una "ley mordaza" debido al contexto en el que fue aprobada, que incluye la persecución de cuentas anónimas en redes sociales que critican al gobernador Alejandro Armenta y su administración. Esta situación refleja tensiones sobre la libertad de expresión y el uso del poder legislativo para silenciar la crítica en Puebla.