El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ha encendido alarmas en el sector privado de México, que considera este suceso como un reflejo de la erosión del Estado de Derecho en el país. Las organizaciones empresariales, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), han manifestado su preocupación ante el aumento de la violencia y su impacto en la inversión y la prosperidad económica.
La Coparmex ha exigido una reunión urgente con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, subrayando la necesidad de redoblar esfuerzos para restaurar la paz y garantizar que los ciudadanos puedan vivir sin la amenaza de la violencia. Han señalado que recientes hechos violentos en Michoacán y en el país en general, que han resultado en la muerte de líderes sociales y empresarios, evidencian una grave crisis de seguridad.
Por su parte, Concamin ha hecho un llamado para fortalecer el Estado de Derecho y las estrategias de seguridad, enfatizando la importancia de la justicia social para enfrentar estas problemáticas. La situación ha llevado a un creciente clamor por acciones efectivas que aseguren un ambiente seguro para los negocios y la sociedad en su conjunto.